Llegamos a Juchitán por la noche, caminamos entre ellos con nuestras mochilas. No sabíamos cómo preguntarles que hacían en el sur de México, cómo habían atravesado caminando el Tapón de Darién, la zona más peligrosa de América en la selva de Panamá y Colombia controlada por la selva y el narcotráfico. 

Caminamos primero entre ellos cuando el gobierno de Oaxaca reportaba apenas una ola migratoria de 3 mil migrantes, pero ya se arremolinaban en el ADO ubicado en la primera sección de la ciudad istmeña.

Esperaban camiones nocturnos amontonados como en clanes escondidos en madrigueras en medio del ruido, en una tierra calurosa conquistada por motocicletas que les cobraban 200 pesos, traslados que normalmente cuestan 20 pesos la corrida, motocicletas trepadas por halcones protegidos por sindicatos y policías, en un pueblo creciendo en mujeres negras cazadas por proxenetas.

¿A dónde vas?, pregunto.

-Vamos al norte, en Venezuela solo estamos ganando poco más de un dólar al día y no puedes protestar, te encarcelan, te desaparecen, dice uno de ellos.  Ángel se presenta y me pregunta si tenemos algo de comida, de dinero, un peso o dos que le sirva para seguir el viaje. Mira desde la calle el juego de Estados Unidos contra Venezuela en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol en loan Depot Park de Miami.

– Venezuela siempre pierde las guerras, dice. El silencio ha sido roto. Hay noticias que informan que entre 2000 y 2019 se han multiplicado los casos de malaria en 200 por ciento en Venezuela. Él es un migrante con fiebre.

Es 18 de marzo con mujeres que traen niños en brazos, hombres con la piel quemada y los cuerpos tensos, niñas cubanas mestizas de ojos hundidos, haitianos que cuentan que huyen de la guerra y antes de atravesar Centroamérica cruzaron el mar por las islas Turcas y Caicos; venezolanos escapando de un país que un día fue rico.

Todos arremolinados esperan el camión de medianoche. La nueva bestia a unos los llevará al sur de Veracruz, para luego viajar pegados al mar hasta el cruce de “La Ribereña” en Tamaulipas, pero la mayoría viaja a la Ciudad de Oaxaca, para ir después a la Ciudad de México por una visa de residencia. Ángel usurará la ruta del occidente de México, donde los narcos son los dueños del Pacífico.

170 mil personas en el sur de México

El ascenso descontrolado del flujo migratorio en Oaxaca, que en lo que va de 2023 llegó a más de 170 mil personas atravesando este estado del sur país,  es consecuencia de la política migratoria que implementó el gobierno de México, la cual no sólo es precaria, sino que carece de rutas de protección efectiva a los derechos humanos y tiene medidas políticas restrictivas que han obligado a los migrantes a hacer los desplazamientos por tierra en condiciones aún más peligrosas, afirmó a Miriam González, integrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

Sostuvo que las organizaciones de la sociedad civil se han visto superadas ante la crisis migratoria y su papel ha sido minimizado por el estado mexicano, que en vez de ayudar a resolver el problema se ha dedicado a mal administrarlo, todo esto a pesar de que son las organizaciones ciudadanas las que están atendiendo en condiciones precarias, con donativos o esfuerzos propios lo que el gobierno de México ha dejado de hacer.

“Tendríamos que preguntarnos que no está haciendo el gobierno de México y que le corresponde, y cómo las organizaciones de la sociedad civil están intentando llenar un vacío, las carencias que el Estado mexicano se niega a reconocer, aunque el fenómeno supere nuestras necesidades y las de los migrantes, la pregunta no es ¿qué organizaciones están apoyando o cómo lo están haciendo, sino que tan grande es el hueco de obligaciones del gobierno y que está dejando de hacer a nivel institucional”, puntualizó la especialista.

Dijo que en el sur del país hay decenas de organizaciones que están brindando servicios jurídicos, acompañamientos psicojurídicos y albergues y se enfrentan al reto de poco personal, pocos recursos y una burocracia jurídica e institucional del Instituto Nacional de Migración (INM) en estados como Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

Política migratoria endurecida

El gobierno mexicano en enero de 2022 puso de requisito para estar en el país una VISA a extranjeros provenientes de Brasil y Venezuela, esa determinación obligó a que muchos migrantes tuvieran que realizar por tierra un trayecto que antes se hacía vía aérea, eso está obligando a que los venezolanos sobre todo,  pasen El Darién, lo cual reduce la posibilidad de tramitar la visa mexicana, se refleja en las estadísticas, antes de enero de 2023 no se contaba por miles los venezolanos detenidos por la política migratoria mexicana, indicó Bernardino Jiménez, integrante  de la Red de Defensa Litigio Estratégico

Detalló que desde finales de 2019, durante el primer año de Andrés Manuel López Obrador, México estableció que cualquier persona que quiera subirse a un autobús necesita un documento oficial, los mexicanos el INE, y los extranjeros un documento que señale que tienen una estancia regular en el país, esa determinación puso en mayores condiciones de vulnerabilidad a los migrantes, ya que la población que entra por la frontera sur es orillada a contratar servicios de traficantes que les prometen llevarlos al norte, o deben treparse a tráiler, combis o hacer el trayecto a pie, en combi, etc.

Para el Imumi, según Miriam González hay un flujo migratorio 10 veces mayor del que pueden atender las organizaciones,  “el reto de nosotras que acompañamos a mujeres y familias es que no podemos recibir ni mil casos, porque somos un equipo pequeño, es Migración la que tendría que facilitar el proceso migratorio a las personas migrantes, particularmente a mujeres y el gobierno fortalecer la Comisión de ayuda a refugiados, para que las personas en estas condiciones no tengan que buscar abogados en condiciones tan precarias”.

Un permiso para atravesar un país caminando

Deisy está en el Centro de Movilidad Migratoria de San Sebastián Tutla desde hace cuatro días. Está esperando que su familia le envié dinero desde Barinas, Venezuela, para abordar un autobús que la lleve a la Ciudad de México.

Está al lado de otras dos amigas, juntas atravesaron Centroamérica, Chiapas y el Istmo, en la capital oaxaqueña se les ha acabado el dinero y no pudieron juntar los 3 mil pesos que les cuesta el pasaje por las tres.

Fueron extorsionadas por autoridades migratorias en Chiapas. Se subieron en un ADO con documentos que acreditaban su estadía legal en México, pero a altura de Cintalapa funcionarios de migración las obligaron a bajarse del autobús y seguir casi de noche por la carretera federal 190.

“El permiso es para estar en el país, pero no para viajar en autobús, si quieren seguir tienen que hacerlo caminando”, dice Deisy que les dijo el policía y las bajaron. Tuvieron que pedir aventones por varios tramos. Viajaron en camionetas improvisadas y motoscarros hasta que llegaron a Juchitán. En la ciudad istmeña también estuvieron casi una semana, durmieron en el parque Garibaldi.

Daisy dice que en cuanto llegue a la Ciudad de México, ella y sus amigas sacarán una cita a través de CBP One para solicitar asilo político en los Estados Unidos, su mayor temor es llegar hasta la frontera norte y ser devueltos desde Estados Unidos por cruzar de manera ilegal o ser devueltas a Venezuela.

Las tres se aferran al plan migratorio estadounidense para incentivar la migración regular que inició en octubre del año pasado, que consistía en admitir a 24, 000 venezolanos que cumplieran con requisitos realizados por internet. Pero solo un mes después del anuncio según fuentes migratorias, ya había 33 mil personas sudamericanas en la frontera sur de Estados Unidos, en territorio mexicano.